Europa frena en seco: la seguridad vial se aleja del objetivo de 2030

El Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC) acaba de publicar su último informe PIN, y la lectura que deja es, sencillamente, preocupante. A cinco años del horizonte 2030, la Unión Europea está lejos —muy lejos— de cumplir su compromiso de reducir a la mitad las muertes y lesiones graves en carretera.

En 2024, el número de fallecidos en las carreteras europeas descendió solo un 2 % respecto al año anterior. Desde 2019, el retroceso acumulado es del 12 %, cuando a estas alturas del calendario ya deberíamos estar cerca del 27 %. A este ritmo, el objetivo se convertirá en una declaración de intenciones sin sustancia.

Más de 20.000 muertos. Otra vez.

Los datos son crudos: 20.017 personas murieron en las carreteras europeas el año pasado. Y aunque algunos países, como Lituania, Bélgica o Polonia, muestran avances destacables, otros han retrocedido. En ocho Estados —entre ellos Suiza y Estonia— las víctimas mortales han aumentado. El saldo global es inaceptable.

Desde 2014, las mejoras en seguridad vial han salvado unas 23.800 vidas. Pero el ETSC recuerda que se podrían haber evitado 49.600 muertes más si se hubiera mantenido el ritmo anual necesario del 6,7 %. El coste social de esta diferencia se estima en 124.000 millones de euros.

Noruega sí lo está haciendo bien

Frente al estancamiento general, Noruega vuelve a destacar. Con solo 16 muertes por millón de habitantes en 2024, encabeza —una vez más— el ranking de seguridad vial en Europa. Pero su éxito no es casual: responde a una estrategia nacional coherente, a largo plazo, bien financiada y respaldada por todos los niveles de la administración.

No es un problema técnico. Es político.

El mensaje del ETSC es claro: sabemos lo que funciona. Mejoras en las infraestructuras, control de velocidad, formación de calidad, vehículos más seguros, planes de movilidad urbana sostenible... Nada de eso es nuevo. El problema es la falta de determinación política para aplicarlo de forma decidida.

Europa diseñó una hoja de ruta ambiciosa —el enfoque del "Sistema Seguro"— pero su implementación está siendo desigual, lenta y, en demasiados casos, simbólica. Se asume el error humano como inevitable, pero no se adaptan los entornos ni las normas para que ese error no cueste vidas.

¿Y España?

España no figura entre los países que más avanzan en la reducción de la siniestralidad, pero tampoco entre los que más retroceden. Se encuentra en una posición intermedia que, si bien puede parecer aceptable en términos comparativos, no lo es en términos absolutos: seguimos hablando de miles de vidas perdidas cada año en nuestras carreteras.

Desde Fundación CNAE creemos que ha llegado el momento de pasar de los compromisos genéricos a las acciones verificables, articuladas en torno a un enfoque sistémico de seguridad vial. Eso exige:

• Un plan nacional ambicioso, transversal y con objetivos medibles, que comprometa a todos los niveles de la administración.

• La integración de la formación vial en el currículo escolar, como parte estructural de la educación obligatoria desde edades tempranas.

• La reglamentación formal de la formación para la obtención de permisos de conducción, con criterios pedagógicos, contenidos mínimos y estándares comunes a nivel estatal.

• La incorporación de módulos de concienciación y seguridad vial en todos los itinerarios formativos, especialmente en los relacionados con movilidad y transporte.

• El refuerzo de la formación vial en el ámbito laboral, con especial atención a los colectivos profesionales con riesgo vial elevado.

• La mejora sostenida de las infraestructuras viarias, con prioridad en las redes secundarias y rurales.

• La modernización del parque móvil, empezando por flotas profesionales y vehículos de transporte colectivo.

• Y, sobre todo, una gobernanza coordinada entre administraciones, operadores clave y entidades expertas, que garantice coherencia, evaluación y continuidad en las políticas.

  
  

El objetivo 2030 aún puede alcanzarse, pero solo si se asume que la seguridad vial no es un complemento: es una política estructural, con impacto directo sobre la salud pública, la equidad territorial y la sostenibilidad del sistema de movilidad.